Más de cien profesores de leyes envían carta al presidente recordándole que tiene la autoridad de usar el Estatus Temporal de Protección para los centroamericanos que sufren por la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.
En busca de soluciones para el estatus legal de personas vulnerables que no encuentran alivio en el sistema migratorio actual de Estados Unidos, continúa aumentando la presión y los argumentos a favor para que el presidente Barack Obama otorgue un Estatus Temporal de Protección o TPS a 1.2 millones de centroamericanos en este país.
Esta vez, la presión viene de más de un centenar de expertos legales y profesores, quienes enviaron esta semana una carta al presidente Barack Obama, con copia al Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson y la procuradora de justicia Loretta Lynch, indicando que el ejecutivo no sólo tiene la autoridad para dar el TPS a este amplio grupo de personas, sino la decisión no sería vulnerable a demandas.
“Queremos expresar nuestra posición respecto a la autoridad del ejecutivo para otorgar el TPS a personas de El Salvador, Guatemala y Honduras, especialmente en vista de la situación de violencia en esos países y del reciente empate de la Corte Suprema en el caso Texas vs United States”, expresa la carta, firmada por los expertos.
Según lo explican en la misiva, el presidente continúa teniendo la discreción de aplicar la discreción procesal ya que la Corte Suprema no sentó precedente en su reciente rechazo a la aplicación del programa DAPA y la expansión de DACA. Además, añaden, el TPS es un programa especialmente diseñado por ley para ser usado “al criterio” del ejecutivo.
Actualmente, un grupo de personas de El Salvador y Honduras en Estados Unidos cuenta con la protección el TPS, que protege a los inmigrantes sin papeles contra la deportación y da permisos de trabajo temporales. No obstante, el TPS para esos países fue declarado en 2001 y 1999 respectivamente, y no aplica a personas que llegaron después. Nunca ha habido TPS para Guatemala.
Los profesores de leyes aúnan así su voz a la de cientos de organizaciones pro inmigrantes y religiosas que han pedido al presidente que actúe para proteger a los nacionales de esos países, sacudidos por la violencia y que continúan enviando a decenas de miles de personas, muchas de ellas mujeres y niños, que intentan escapar de la extorsión y la muerte relacionada a las pandillas, narcotráfico y control de territorios.
Erin Corcoran, de la Universidad de Leyes de New Hampshire, uno de los principales autores de la carta, indicó que el TPS es un programa establecido por el Congreso para “permitir al ejecutivo responder directamente a emergencias humanitarias” y señaló que el programa está diseñado para “excluir el repaso judicial”.
En otras palabras, el TPS estaría protegido de demandas legales e intervenciones que busquen revertir la acción presidencial, como fue el caso de la demanda que detuvo la implementación de DAPA y la extensión de DACA.
Kemi Bello, portavoz del Immigrant Legal Resource Center en San Francisco, dijo que este jueves se dará a conocer otra carta, con el apoyo de más de 400 grupos y organizaciones, que piden al presidente considerar el TPS para proteger a esta población vulnerable. También han hecho lo propio docenas de congresistas y 23 miembros del senado federal.
Fuente: http://www.laopinion.com/2016/09/07/aumenta-la-presion-para-que-obama-otorgue-tps-a-1-2-millones-de-centroamericanos/
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